Un poco de pataleo: El optimismo y alarmismo en los medios de comunicación

Pues si, como dice Mario Quevedo, esta es una entrada de pataleo. Escribir para dejar salir la mala virgen que uno lleva dentro. Aunque por momentos note como se incrementa la tensión arterial a medida que fluyen las palabras e intento moderarlas. Y es que son malos tiempos para la conservación en Iberia (y peores para la divulgación). A veces merece la pena no leer la prensa y centrarse en lo que realmente aporta algo de conocimiento.

No entiendo las recurrentes noticias de avistamientos de osos en Galicia. Algunas de ellas dan localizaciones exactas de los avistamientos, otras páginas incluso cuelgan vídeos de conductores persiguiendo osos por la carretera. Coño! que no es sorprendente que Ancares y Courel puedan albergar osos. Lo sorprendente sería que no los albergase o que no hay osos en una franja de la Cordillera Cantábrica. Todo ese optimismo por la “creciente” población osera en Galicia le hace un flaco favor al animal. 
Citemos algunos de los antecedentes que justifican mi descontento; cuando los alcaldes locales de la montaña lucense juegan al Parque Si, Parque NO según las opiniones de los vecinos (y de la posibilidad de recaudar votos en función de defender una opinión u otra). En un ambiente dónde paisanos locales mal informados (ojo que este enlace tiene chicha) sobre las consecuencias de declarar su entorno como Parque Natural queman el monte, amenazan a quienes no comparten su opinión y expresan su malestar por la presencia de osos (o lobos), las continuas noticias sobre avistamientos de la especie sólo ayudan a mantener la tensión y alimentan el conflicto.

Yo (y muchos supongo) me pregunto, ¿Porqué no tenemos una prensa seria que informa rigurosamente de los problemas ambientales? ¿Porqué es parte (o creadora) de los problemas de la coexistencia entre el hombre y ciertas especies (ya sean lobos, osos, jabalies, zorros, serpientes, gaviotas, nutrias, cormoranes y un largo etc)?

Si algún periodista serio lee estas líneas y le apetece cambiar el rumbo y conciliar la relación prensa-medio ambiente le dejo a continuación unos temas que puede tratar y muchas preguntas a responder:

Sobre el Jabali:

Sólo leo noticias sobre los daños de jabalí, sobre sindicatos agrícolas solicitando batidas o Medio Rural anunciando más batidas y solicitando (o incluso presionando) a los cazadores que cumplan los cupos. Nunca se abordan los siguientes temas: 
¿Porqué a pesar de matar más de 6.000 jabalies al año se siguen produciendo “daños” en los cultivos? 
¿Porqué algunas fincas tienen “daños” recurrentes de jabalí? ¿Porqué no se vallan algunas fincas a pesar de que a medio-largo plazo sale más rentable que pagar los destrozos que les puede originar la especie?
¿Porqué la caza del jabalí no es eficaz para reducir los “daños”? 
¿Porqué se realizan las batidas en el monte y no se centran únicamente en los jabalies que bajan a los maizales?

Sobre el Salmón:

Sólo leo noticias sobre repoblaciones en los ríos y la cantidad de dinero que se gasta en ellas pero nunca leo nada sobre:
¿Porqué se sueltan miles de alevines en los ríos a pesar de que se sabe que es ineficaz y que la población silvestre se las apaña mejor sola (e incluso las sueltas resultan perjudiciales desde el punto de vista genético y sanitario)? Muchas veces políticos que han sido imputados por cafradas contra el medio ambiente fardan de su “buen-hacer” en la foto: Aquí
¿Porqué se desperdicia el dinero en sueltas (repoblaciones) cuando se sabe que el problema principal es la pérdida de calidad del hábitat en los ríos y sobre todo en la imposibilidad de acceso por parte de la especie (y de otras) a los tramos más altos de los ríos dónde el hábitat es óptimo para reproducirse y su acceso a dicho entorno es indispensable para afrontar el cambio climático y el aumento de la temperatura en los cauces fluviales?
Para los interesados, información en este enlace.

Sobre el Lobo:


Búsqueda de fondos para la construcción de corrales dónde guardar jóvenes terneros durante la noche o para pastores que puedan vivir profesionalmente del ganado en extensivo. 
Que gran parte de los casos de predación al ganado son sufridos por simples propietarios de ganado (no profesionales) con otra dedicación a título principal. 
Que todos esos casos de predación en ganado ovino y caprino se pueden solucionar con perros guardianes bien educados (a veces hacen falta 5 o más mastines) o vallados que impidan la entrada de carnívoros en los recintos. 
Que los perros, el robo de ganado o las enfermedades causan muchas más bajas que los propios lobos.
Que matar lobos no es eficaz para disminuir los casos de predación al ganado y que es importante (indispensable) fomentar las poblaciones de ungulados silvestres (corzo y ciervo). 
Información en este enlace pero sobre todo en este enlace.

Sobre las Gaviotas:

Sólo leo noticias sobre el control de nidos, sobre el recubrimiento de huevos con parafina, especialmente pésimas en ayuntamientos como el de Vigo que ofrecen ayuda (matar gaviotas) a los vecinos o noticias sobre lo ruidosas e incómodas que pueden ser para algunos negocios pero nunca leo nada sobre:
¿Porqué la población de gaviotas urbanas aumenta a pesar de que cada año se matan más gaviotas
¿Porqué no se reconoce que matar gaviotas es ineficaz y no se actúa sobre lo que realmente puede ayudar a controlar la población? 
¿Porqué no se actúa sobre las fuentes de alimentación artificiales (basureros, comida en la calle, vertederos) y los ayuntamientos no mejoran sus políticas de gestión de residuos?
(Aún no escribí nada sobre este asunto pero podéis leer un caso similar con otra especie en otro país en esta entrada) y un trabajo publicado en Galicia que aporta información muy interesante.

Sobre el zorro:

¿Porqué se llevan a cabo cada año campeonatos de caza de zorro cuando tras un largo debate han sido prohibidos en otros países
¿Porqué la federación de gallega de caza apoyados por “gente” de la Universidad de Lugo insisten con panfletos en la necesidad de un control de la población cuando decenas de artículos publicados en revistas científicas demuestran lo contrario? 
¿Cuales son esos daños de zorro de los que habla el decreto anual de caza que pueden justificar batidas?
A faltar de publicar una revisión al respecto en una revista seria, podéis hallar algo de info en esta web

Sobre otras especies:

¿Porqué la población de águila real no levanta cabeza en Galicia?
¿Porqué la distribución del ciervo es tan reducida en Galicia y no se fomenta su expansión?
¿Porqué la población de corzo en el sur de la dorsal gallega no está bien distribuida y no alcanza densidades similares a otros puntos de Galicia? ¿Qué supone la autopista AP-9 para la población?
¿Porqué la gente le sigue temiendo tanto a las serpientes si no suponen ningún peligro para el ser humano (más bien beneficios como el control de roedores)?
¿Porqué el número de aves rapaces (especialmente ratoneros y milanos) y otras especies en los centros de recuperación de fauna silvestre es tan elevado durante la época de caza? ¿Porqué no se cierran los cotos de donde proceden año tras año animales tiroteados o envenenados?
¿Porqué el proyecto LIFE+Urogallo es un despilfarro de fondos públicos? Sobre ello, más información aquí y aquí.

Sobre la gestión de nuestros espacios naturales:

Creo que eucaliptos y pinos ardiendo en la Red Natura define bastante la gestión de la naturaleza en Galicia
¿Qué intereses tienen la administración del PP en invertir ingentes cantidades de fondos públicos en la investigación relacionada con los eucaliptos y apoyar a ENCE (incluido el control de gonipterus y otros insectos que pueden afectar a las plantaciones) cuando es una industria ya de por sí rentable que está causando serios (e irreversibles) perjuicios en los ecosistemas gallegos?
¿Porqué no hay una política seria de control de especies invasoras en Galicia (192 contabilizadas hasta ahora!) y sí se invierten fondos en fomentar la plantación de eucaliptos?
¿Porqué no hay una política seria de diálogo en cada comunidad de montes que reuna a todos los sectores con el fin de prevenir los incendios forestales y llevar a cabo una gestión sostenible dónde prime la conservación de la naturaleza?
¿Porqué no existe el mínimo interés en recuperar o fomentar la recuperación del bosque autóctono y otros hábitats naturales en Galicia? Esto podría responder otra pregunta: ¿Porqué Galicia es la comunidad con menos superficie forestal protegida?
¿Porqué la ley de evaluación ambiental es un engañabobos y los estudios de evaluación ambiental son un mero copia-pega de otros y se aprecian errores garrafales en la mayoría de ellos? ¿Porqué no copiamos el modelo de los países nórdicos
¿Porqué se ha separado la oficina de medio ambiente de la consellería de medio rural pasando a constituir la consellería de medio ambiente, territorio e infraestructuras
¿Porqué se le da mayor importancia a la industria maderera de especies de crecimiento rápido cuando escasea la madera de calidad y hay que importarla? 
¿Porqué la superficie forestal arbolada autóctona es inferior al 30% y los bosques bien conservados no llegan ni al 2%?
¿Porqué Galicia respecto al resto de España está a la cola en protección?
¿Porqué no se respeta la ley 7/2012, de 28 de junio de montes de Galicia
¿Porqué no se veda el pastoreo en las zonas quemadas y se procede a multar a los que infringen la ley?
¿Porqué muchas de las quemas controladas se llevan a cabo durante la época de reproducción de muchas aves? (Aplicable también para extensos desbroces en Red Natura y hábitats de interés comunitario realizados con fondos públicos  para promover la ganadería extensiva).
¿Porqué se ha permitido que el negocio eólico esté distribuido en más del 40% de la Red Natura y haya destruido, fragmentado y llenado de pistas hábitats de interés comunitario? (Aplicable a otros lobbies como minas y canteras)
¿Porqué no hay interés en perseguir el furtivismo y una política seria contra el veneno? 
¿Porqué no se cierran los cotos de caza en los que se halla veneno o lazos? 
¿Porqué no se lleva a cabo el programa antídoto como en otras comunidades autónomas
¿Porqué no hay un control serio del uso de fitosanitarios y escasos establecimientos tienen un registro de venta de productos y solicitan a los compradores sus datos junto con el carnet de manipulador de fitosanitarios?
¿Porqué en una comunidad autónoma con casi 1.500 km de costa y aproximadamente 70% de superficie definida como monte (no agrícola, no otros usos) los licenciados en biología, ciencias ambientales e ingenieros forestales tienen tan pésimas oportunidades de trabajo?

Posiblemente con más tiempo y calma (la tensión arterial ya ha subido hasta límites peligrosos) encontraría decenas de preguntas y temas a tratar en la prensa que serían mucho más interesantes que las recurrentes noticias sensacionalistas tratadas con total carencia de rigor. 
Por cierto, tengo que reconocer que es injusto meter a todos en el mismo saco porque siempre hay quien se esfuerza por hacer un periodismo de calidad. 
Gracias por haber llegado hasta aquí y leer el blog que desde la lejana Namibia tengo abandonado. Saludos a todo@s los que me animáis a seguir escribiendo!

ASTURIES NUN YE UN PARAISU NATURAL

A pesar de contar con muchos taxones endémicos y amenazados, paisajes de ensueño y hábitats prioritarios, Asturias no es un paraiso natural…
Recientemente acabamos de conocer la frágil situación del Urogallo cantábrico Tetrao urogallus cantabricus con apenas 3 machos cantores en todo el Principado. Su hábitat  al igual que el del  Oso pardo Ursus arctos está desapareciendo:
Las canteras y  minas a cielo abierto, la fragmentación provocada por la proliferación de vías de alta capacidad y la implantación de parques eólicos en territorios protegidos por la legislación europea, el furtivismo, la ganadería extensiva, los intereses políticos y el turismo insostenible son algunos de los culpables.
Estamos asistiendo al destrozo de nuestras montañas más representativas y hasta ahora mejor conservadas: la Cordillera Cantábrica.
Ayúdanos a defender nuestras montañas. Pinchando en cada una de las amenazas anteriormente mencionadas accederás a un enlace con un ejemplo claro. 
Descarga el cartel pinchando en la imagen y ayúdanos a que el próximo 5 de junio de 2010, Día Mundial del Medio ambiente y Año Internacional de la Biodiversidad, obtenga la máxima difusión.

Touriñan

Es habitual en el gobierno gallego promover las construcciones en Red Natura 2000.
Cedieron ante la presión de las grandes energéticas hipotecando nuestros ríos mediante una armada de minicentrales y embalses. Con la imposición del negocio eólico, prosiguieron destruyendo los ecosistemas de turbera del Xistral, abrieron más de 550 km en pistas por los ejes de nuestras sierras y colocaron cerca de 4.000 aerogeneradores repartidos en más de 130 parques. Además, nos siguen amenazando con destrozar O Courel y Os Ancares con el proyecto eólico de Oribio. No mencionemos las canteras y pizarreras.
La reciente sentencia que prohibe la piscifactoría de Rinlo, nos da un aire de esperanza. Pero para que no bajemos la guardia, os dejo con una foto de como quedará el cabo Touriñan si el gobierno y las macroempresas nos la vuelven a meter doblada.

Sete de cada dez centrais hidroeléctricas de Galicia incumplen a lei de augas da UE

O impacto ambiental afecta a uns 143 km de río pertencentes á unhas 70 instalacións.



Fai unha semana as noticias lembraronnos que 33 novos aproveitamentos hidroeléctricos están otorgados na costa galega á espera dunha decisión da nova dirección xeral de “Desconservación da Natureza”. Afortunadamente, a anterior Consellería de Medio ambiente decidiú porlles freno cunha reforma moi restrictiva do Plan Sectorial Hidroeléctrico, que non establece tramos de interese para explotación enexética nos ríos galegos xustificada en que o 70% das centrais van en contra da Directiva do Marco de Auga (DMA), a norma europea que obliga que todolos paises europeos teñan as súas augas nun bo estado ecolóxico en 2015.

Galemys pyrenaicus
 

Impactos principais que sufren os ríos sometidos ó aproveitamento hidroeléctrico:


1. Interrupción da continuidade biolóxica nas masas de auga. Barreira infranqueable para as especies migradoras que se enfrentan ademáis da propia central, ás aspas das turbinas.

Salmo salmo



2. Derivacións do caudal para abastecer á propia planta


3. Variacións na cantidade de auga acumulada


4. Transporte de sedimentos interrumpido


5. Desaparición ou reducción da vexetación de ribera



A lexislación comunitaria esixe severas medidas correctoras sobre as escalas de peixes, e o mantemento do caudal ecolóxico mínimo para evitar impactos sobre a fauna e a flora en momentos de sequía e nos ritmos de devolución de auga ó río.


Chioglossa lusitanica


Das 106 presas ubicadas en Galicia Costa, 70 van en contra dos díctamenes europeos de calidade e suman un total de 143 km.
Galicia cumple cos obxetivos sobre o establecemento de enerxías renovables cun 72% do consumo eléctrico galego, por riba da cuota da UE (22%) e do estado español (29%) polo que se debe priorizar o cumplimento da DMA antes da construcción de novas instalacións.



¿Qué persigue a DMA?


A prevención do deterioro adicional e a protección e mellora dos ecosistemas acuáticos e terrestres dependentes, a promoción dos usos sostibles da auga, a protección e mellora do medio acuático, a reducción da contaminación das augas subterráneas e paliar os efectos das inundacións e sequías.

Cinclus cinclus


¡Por unha nova cultura da auga e maior concienciación política!


Algunhas ligazóns de interese:


Descargate a DMA e a súa Planificación.

a DMA na Web do Ministerio



Máis información

Augas de Gaicia

Rebelión contra el "desastre ambiental" en Castilla y León

Nunca había ocurrido en la España de las autonomías. Un total de once ONG han pedido al Gobierno que retire las competencias en materia ambiental a la Junta de Castilla y León, del PP, porque creen que ha sobrepasado el límite de lo permisible: envenenamiento masivo de fauna, explotación urbanística de ecosistemas protegidos, reiterados incumplimientos judiciales… La lista de agravios a la naturaleza es larga y muy grave. Y ante ella y la consiguiente denuncia de las organizaciones, la Junta no quiere hacer comentarios a este periódico.
La Constitución prevé garantías excepcionales para el caso de que una comunidad autónoma no cumpliera sus obligaciones de protección de medio ambiente. Se requiere, en todo caso, la aprobación por mayoría absoluta del Senado para poder retirar las competencias. Pero para los denunciantes, la última demostración de los desmanes de la Junta ha sido la aparición, en abril, de un nuevo cadáver de un oso en el Parque Natural de Fuentes Carrionas, en Palencia.

“Es el decimotercero en diez años”, explica Roberto Hartasánchez, presidente del FAPAS (Fondo para la protección de animales salvajes), quien califica a Castilla y León de “sumidero para los osos”. A pesar de que es Asturias la comunidad con mayor presencia de este plantígrado, Castilla y León se anota diez de las trece muertes ocurridas desde 2000.

El uso de lazos, aprobado en plena zona osera, es ilegal en España y la UE
José Ángel Arranz
La última prueba de la polémica gestión de la Junta es el documento interno que acaba de salir a la luz, firmado por el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, en el que se autoriza el uso de lazos en plena zona osera durante todo 2008. Es un sistema prohibido tanto por la legislación europea como por la española y que “puede resultar mortal para el oso”, puntualiza Hartasánchez, quien sospecha “que ese permiso se haya dado para otras zonas oseras. Todos tenemos presente la búsqueda del oso que arrastró un lazo durante el verano pasado en Páramo del Sil. Siempre pensamos que era un lazo furtivo, pero ahora tenemos dudas”, sentencia.



Más trampas: No es la primera vez que Castilla León autoriza lazos para cazar. Ya existe una sentencia condenatoria de los tribunales europeos por la utilización de trampas en zona de nutria en 2006, en Ávila y Salamanca.

Parte de la Dirección General de Medio Natural está imputada
Un portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica considera “escandaloso” que parte de la cúpula de la Dirección General de Medio Natural esté imputada por delitos contra el medio ambiente. El actual director, José Ángel Arranz, lo está por la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués.

Mariano Torre (foto:www.AltoEsla.com)


Pero las imputaciones por el mismo caso alcanzan también a su predecesor en el cargo, Mariano Torre, quien a pesar de ello ha sido promovido ahora a máximo responsable de medio ambiente en León.


José Luis Blanco



La cadena no termina aquí, pues Torre sustituye en León a otro imputado más, José Luis Blanco, acusado de prevaricación por el incumplimiento del cierre de la mina Feixolín. “¿Es que es indispensable estar imputado para ejercer un cargo de medio natural en Castilla León?”, se pregunta el portavoz.

Francisco Jambrina

Recientemente, el ex consejero de Medio Ambiente (1991-1999) Francisco Jambrina, ha sido denunciado por el Seprona tras ser sorprendido con una rapaz protegida que había caído en un cepo ilegal en su coto de caza.
Para todas las asociaciones, sin embargo, la principal responsable es la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, la única que, no obstante, ha salido indemne de las imputaciones judiciales.
María Jesús Ruiz

“Tiene una política basada en la explotación de los recursos naturales para favorecer a los grandes intereses y no a los ciudadanos”
afirma Javier Escudero, de Ecologistas en Acción. Escudero recuerda la Ciudad del Medioambiente de Soria, aprobada por ley, y lo describe como “un proyecto especulativo de nombre engañoso para urbanizar un soto protegido por la Unión Europea”.
A su juicio, este precedente está dando alas a la Junta para repetir un esquema similar en San Glorio y construir una macroestación de esquí en una zona también protegida por sus valores naturales.

«Tras el estudio de los topillos nos llamaron mentirosos»
Una de las bestias negras de la Junta se llama Javier Viñuela, el científico que sacó a la luz los datos del envenenamiento masivo de los topillos y sus nefastas consecuencias para el resto de la fauna. El doctor Viñuela, director del IREC, un centro del CSIC, y coautor del último estudio sobre el tema publicado en la revista Enviromental Conservation, acaba de crear la web verdadesdelostopillos.com, en la que se recoge la información científica y se rebate las acusaciones de la Junta.



Cuando publicamos el estudio nos llamaron mentirosos y delincuentes, esgrimiendo un supuesto informe en el que se dice que el veneno es inofensivo. Pero casi dos años después nadie ha visto ese informe en papel oficial alguno. En Castilla y León impera el miedo, y los que hablan no se atreven a dar su nombre”, asegura el investigador. En la web desvela estudios inéditos de la Universidad de Valladolid pagados por la Junta y luego censurados por ella, explica.
Desde la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica también se llama la atención sobre los efectos nocivos de la gestión de la Junta en la crisis de los topillos. “Este año se está detectando un repunte brutal de los venenos en los cotos de caza. Si la Junta inundó de veneno 400.000 hectáreas, ¿por qué no lo van a hacer los titulares de los cotos? La impunidad está garantizada”, señalan.

Cinco agresiones contra el medio ambiente

Los topillos
La Junta llevó a cabo tres campañas de envenenamiento entre 2006 y 2007 para atajar la plaga de topillos. Un estudio del CSIC revela que, además de los topillos, se vieron afectadas numerosas especies. Los autores encontraron clorofacinona en el 98% de las palomas analizadas. El veneno se usó en cinco zonas de especial protección para las aves.



Los parques eólicos
La Junta ha reducido los filtros ambientales para permitir la instalación de más de 300 aerogeneradores en Omaña (León), uno de los últimos reductos del urogallo. Un juez paralizó hace un año la construcción del primero de los 17 parques previstos advirtiendo de que no se pueden fragmentar los proyectos para enmascarar su impacto.



La mina Feixolín
Más de 10 años de sentencias firmes de cierre de la explotación de Villablino (León) se han estrellado contra los oídos sordos de la administración autonómica, que sigue permitiendo la actividad ilegal de la mina. El ex jefe del servicio territorial de Medio Ambiente en León, José Luis Blanco, está imputado por un presunto delito de prevaricación.


La Ciudad del Golf
Una sociedad creada en 2000 por la Junta compró en Las Navas del Marqués un pinar protegido. El objeto declarado de esa sociedad era la conservación de los montes. Sin embargo el pinar fue recalificado y vendido para la construcción de 1.600 chalets y un campo de golf. Por estos hechos está imputado el director de Medio Natural, José Ángel Arranz.

Esquí en San Glorio
A pesar del empeño de la Junta, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dejado claro, por tres veces, que no puede construirse una estación de esquí en el puerto de San Glorio, entre León y Cantabria. Las leyes europeas, nacionales e incluso autonómicas protegen el enclave por sus valores naturales y la presencia de oso.


«El Gobierno no puede seguir inhibiéndose»

WWF se ha sumado a las críticas del resto de ONG. “La actuación de la Junta denota falta de interés por la conservación”, señala un portavoz. “El Gobierno no puede seguir inhibiéndose. La función de la Administración central es garantizar el cumplimiento de la leyes básicas”, añade.
Las ONG firmantes que piden al Gobierno central que recupere las competencias de la Junta en medio ambiente y denuncian la explotación del ecosistema
son:

Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, FAPAS, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, Asociación de Naturalistas Palentinos, Federación de Ecologistas en Acción-Castilla y León, Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, Plataforma Filón Verde, Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza (URZ), Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y Asociación Ecologista La Braña.

Los ecologistas batallan con profesionalidad en los tribunales

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/justicia/empieza/asumir/verde/elpepisoc/20090306elpepisoc_1/Tes

LA JUSTICIA EMPIEZA A ASUMIR EL VERDE

Grandes proyectos de obra son paralizados por su impacto ambiental – La Administración descubre la dureza de las leyes – Los ecologistas batallan con profesionalidad en los tribunales
Los jueces están perdiendo el miedo a paralizar grandes obras, a menudo públicas, para salvar un árbol o un animal protegido. Hay casos extremos, como el que protagonizó el miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al suspender de forma indefinida las obras del puerto de Granadilla (en Tenerife, más de 300 millones de inversión prevista) para preservar una alga protegida.
“Teníamos las leyes y ahora tenemos sentencias”, dice Antonio Vercher Los Ejecutivos eran laxos al aplicar las normas medioambientales En los últimos años se han implicado universidades e investigadores Mario Gómez: “Hay técnicos que no han defendido el entorno y tienen problemas”
“Ya no aprobamos nada en lo que haya dudas”, dicen los técnicos de Ávila

Se han parado obras por cigüeñas en Las Navas y por osos en San Glorio
Medio Ambiente ha desistido de expropiar el hotel del Algarrobico Fertiberia sigue funcionando pese a la orden en contra de Costas Pero hay muchos más. El oso pardo paró la estación de esquí de San Glorio; el hotel del Algarrobico es ilegal y el juez considera que la Junta manipuló los planos de un parque natural para permitirlo; uno de los mayores proyectos eólicos fue anulado por estar en zona de urogallo; la cigüeña negra impidió la urbanización en Las Navas del Marqués, y un ex consejero de Murcia fue detenido el miércoles por la recalificación de una zona con águila perdicera y tortuga mora. David vence cada vez más a Goliat.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, considera que algo se mueve: “Claro que hay un cambio. Teníamos las leyes y ahora cada vez más tenemos las sentencias”. En 2006, las fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo lograron 295 condenas; en 2007 la cifra fue de 407 y la cifra siguió previsiblemente subiendo en 2008. Jaime Doreste, coordinador del área legal de Ecologistas en Acción, coincide: “Antes salíamos a hombros si ganábamos un pleito, ahora nos toman más en serio y ya no es tan raro”.
Hay varios factores que explican este cambio de tendencia. Y el caso canario reúne varios de ellos. El tribunal estimó la petición de los ecologistas de Ben Magec, que denunciaron que la Consejería de Medio Ambiente vulneró su propio decreto al descatalogar una pradera submarina frente el puerto. Dicho decreto, de 2001, exige razones científicas para descatalogar cualquier especie protegida. Pero la desprotección se hizo sólo para poder construir el puerto de contenedores, con el que Canarias quería convertirse en puente entre Europa, África y América.
El caso es el típico en el que una Administración se pilla los dedos con su propia ley. Alguien en Medio Ambiente elabora una norma estricta y nadie prevé las consecuencias. Puede que incluso la declaración del espacio protegido le sirva a esa misma Administración para ponerse medallas sobre su apuesta por el medio ambiente. Años después esa norma es incompatible con algún proyecto de la comunidad.
El catedrático de Derecho Administrativo de León Carlos González Antón explica que es un caso frecuente: “Se declaran Zonas de Protección para las Aves y Lugares de Interés Comunitario y creen que eso sólo sirve para ponerlo en un mapa. Se enorgullecen de la cantidad de espacios protegidos que tienen y luego intentan saltárselo”. La Junta de Castilla y León ha copiado una estrategia que ya siguieron Murcia o Baleares y ha comenzado a aprobar por ley sus grandes proyectos. Así consigue que sólo el Constitucional los pueda anular.
La alegría de los ecologistas con el auto que paraliza Granadilla es total, entre otras cosas porque no les han pedido fianza. La Autoridad Portuaria (Canarias y Gobierno central) pidió que los ecologistas avalasen su petición con 31,873 millones de euros por los daños que podía causar la paralización. El tribunal admite que al parar la obra -que ya estaba en marcha- puede ocasionar graves perjuicios, pero que ese daño “no puede prevalecer sobre el riesgo de daños al medio ambiente”. Doreste es coordinador del área legal de Ecologistas en Acción en la que colaboran unos 50 abogados. Consiguió una sentencia en la que se declaraba ilegal la duplicación de una carretera de la Comunidad de Madrid por hacerse sin declaración de impacto ambiental. Pero cuando llegó el fallo ya era tarde. La Justicia había exigido a Ecologistas en Acción una fianza de 497.367 euros que no pudieron reunir y Madrid construyó la carretera.
Los ecologistas actúan de forma cada vez más profesional y ganan más casos. “En mi clase hace años simulaba un pleito en el que defendía el impacto de una obra sobre el milano real. Llevaba allí a un juez de verdad y un día se empezó a reír. Hoy ya no pasaría”, resume González Antón.
En junio pasado, la Sociedad Española de Ornitología recurrió un parque eólico en una zona protegida de urogallos en León. Presentó informes técnicos en los que se suele incluir los censos de la especie y los nidos localizados por GPS. El juez accedió a paralizar las obras. “La urgencia requerida parece de una claridad meridiana”, señaló sobre el perjuicio a esta especie en peligro.
Doreste señala que en los últimos años han conseguido la implicación de universidades e investigadores. “En teoría estaban por la conservación, pero en la práctica se mojaban poco. Ahora cada vez apoyan más los recursos ecologistas”.
Así ocurrió en el caso del alga de Granadilla, la seba, por la que científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC han pedido al Ministerio de Fomento que paralice la obra. El auto del tribunal canario que deja en suspenso la obra admite que las dos partes -ecologistas y Administración- presentaron “sólidos argumentos”.
En el recurso contra la estación de esquí de San Glorio (en la Cordillera Cantábrica, en una zona en la que vive una de las dos únicas poblaciones de oso pardo autóctono) los ecologistas incluyeron informes de la Universidad de León o del CSIC.
El tribunal les dio crédito y, en abril pasado, admitió que, como señalan los informes científicos, “es muy dudosa la viabilidad económica” de la estación “por el cambio climático”. De nuevo, el tribunal consideró que la Junta de Castilla y León había aprobado la estación en contra de su propia normativa.
Muchos de los abogados de los ecologistas trabajan en su despacho de día y sacan tiempo para llevar gratis asuntos de medio ambiente. Algunos salen al campo por afición y quieren preservar los lugares que aman. Es el caso de Mario Gómez, un letrado que ha llevado el caso del refugio de cigüeñas de Las Navas del Marqués (Ávila). El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la urbanización, entre otras cosas, porque invadía una zona de cría de la cigüeña negra, una especie en peligro de extinción.
Gómez, que representa a la asociación Centaurea, participa en el proceso penal para ver si hubo prevaricación en la aprobación de los 1.600 chalés y los hoteles y el campo de golf a costa de talar 34.500 pinos maduros. En el procedimiento está imputado el ex director general de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, entre otros altos cargos, y, lo más relevante, 14 técnicos que en algún momento avalaron con su firma el proyecto. Alguno de ellos lo hizo contradiciendo sus informes previos. En la investigación de la recalificación de La Zerrichera (Murcia), un paraje de 253 hectáreas, en parte protegido, hay imputados dos cargos intermedios que colaboraron en la autorización de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf. José María Ródenas, subdirector de Vivienda y Urbanismo, firmó en junio de 2005 contra la recalificación pero meses más tarde la apoyó. El último imputado en la causa (hay diez cargos en ella) fue el ex consejero de Medio Ambiente y ex delegado del Gobierno del PP en Murcia, Francisco Marqués.
En Palencia, un tribunal investiga la manipulación de un informe de la Universidad de Valladolid para construir dos presas de riego. Los informes originales, encargados por la empresa pública Tragsatec, alertaban de que tendrían impacto en el ecosistema pero los que aparecieron en el expediente, pese a ser idénticos, ofrecían conclusiones distintas.
La Asociación Ríos con Vida lo denunció al juzgado y el pasado 12 de febrero uno de los autores del informe declaró ante el juez que, en efecto, su estudio ofrecía conclusiones distintas sobre el “efecto barrera para la emigración de las truchas”. En el original ponía que el impacto sería “severo y permanente”. En el que selló la Junta de Castilla y León y que sirvió para autorizar las presas figura como moderado.
A raíz del caso de Las Navas del Marqués, algunos funcionarios se cuidan a la hora de firmar determinados dictámenes. “Ya no aprobamos nada en lo que haya dudas. Todo el mundo lleva mucho cuidado”, explica un miembro de la comisión de prevención ambiental de Ávila. En la planta submarina canaria, los técnicos de Medio Ambiente José Martín Esquivel y Leopoldo Moro Abad no avalaron la decisión de sus superiores de desproteger el sebadal frente al puerto. Ellos defendieron que hacerlo no obedecía a “razones biológicas ni de conservación de la especie”. Su informe ha sido clave en la paralización de la obra. Esto demuestra que los técnicos empiezan a comparecer ante la justicia por sus dictámenes y, por otra parte, que la Administración a menudo consideró estos temas como obstáculos menores, en los que bastaba con alterar un plano o emitir un dictamen para eludir la normativa ambiental.
El hotel del Algarrobico, en Carboneras (Almería) era legal a los ojos de la Junta de Andalucía del PSOE. Y lo era pese a estar en un terreno protegido en un parque natural y a sólo 20 metros del mar. Que estaba en el parque natural, el del Cabo de Gata, se veía al pasar por allí, ya que una señal lo explicaba. Y así constaba en el Boletín Oficial que delimitó los usos del parque.
Sin embargo, la Junta sostuvo durante años que el terreno era urbanizable. El 11 de marzo de 2008, en un escrito al juzgado, el jefe de gabinete de planificación de la Junta, Antonio Garzás, explicó que la calificación como zona no urbanizable originalmente fue “un error” y que lo rectificaron “por vía de hecho”, cambiando los planos pero sin publicarlo en ningún boletín oficial. El juez que ilegalizó el hotel consideró que esa “burda maniobra” dio “apariencia de legalidad a lo que es manifiestamente ilegal”. La fiscalía se ha visto obligada a investigar la modificación de los planos después de archivar una denuncia similar.
Los casos son tan flagrantes que demuestran la impunidad con la que durante años se ha retorcido la legislación ambiental. El presunto cabecilla de la trama corrupta que ha investigado el juez Baltasar Garzón, Francisco Correa, declara en una de las grabaciones aportadas al sumario, al hablar de un plan urbanístico: “Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo”. Esa frase resume el sentir de muchos de los promotores, que siempre prefirieron los enclaves protegidos.
Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y experto en corrupción, afirma que es pronto para ser rotundo, pero que comienza a percibir “cierto hartazgo profesional” contra estas prácticas.
Por eso Gómez, el abogado de Las Navas del Marqués, reduce el optimismo: “Tenemos leyes de medio ambiente muy estrictas y amplias. La inmensa mayoría son directivas europeas, que a veces son muy avanzadas. Los jueces han tardado años en aplicarlas y ahora que empiezan a hacerlo a veces chirría al encontrarse con una sociedad que no siempre está en esa sintonía”.
Además, sobre muchos de estos proyectos paralizados por el impacto ambiental, sobrevuela la sombra de una corrupción más profunda: “A veces sólo llegamos a ver el fallo en el trámite ambiental, que ha dejado rastro, pero te queda un halo de sospecha, debido al dinero que se mueve en estas obras”, resume Gómez.
La Reina visitó el paraje protegido de Las Médulas, en León. Allí contempló con sorpresa cómo una enorme cantera destacaba el paisaje. Era el 16 de septiembre de 1999. “Los romanos hicieron estas canteras [el paraje es resultado de las explotaciones de oro romanas] y estas son las que hacemos ahora”, le explicó, azorado, un funcionario que la acompañaba en la visita. La cantera es propiedad de la empresa Catisa, y el pasado 27 de febrero, el juzgado aceptó la petición de la fiscalía de paralizar cautelarmente la obra por su impacto sobre el medio ambiente. Han pasado casi 10 años de la visita de la Reina y la empresa sigue funcionando pese al veto judicial. Igual que la empresa de Huelva Fertiberia sigue activa pese a tener una orden de Costas que insta a su paralización.
La siguiente asignatura de estos abogados es hacer cumplir las sentencias en toda su dureza, ya que la ejecución se puede demorar durante años. El Ministerio de Medio Ambiente ha desistido de la expropiación del Algarrobico con el argumento de que el abogado del Estado así se lo aconsejó en noviembre pasado. Sin embargo, el ministerio contestó al diputado de ICV, Joan Herrera, el pasado 2 de febrero que la expropiación “se seguía tramitando”. Declarar ilegal las obras ha sido un paso complicado; tirarlas será uno de gigante.
Claves del cambio
Las estrictas directivas europeas sobre el medio ambiente comienzan a calar en la judicatura años después de estar en vigor.
Muchas administraciones aprobaron normas ambientales muy duras que luego no aplican.
La creación de una fiscalía especializada en Medio Ambiente, en 2005, dinamizó la actividad en los juzgados.
Los ecologistas se profesionalizan y llegan a los tribunales con completos informes técnicos sobre el impacto ambiental. La universidad y los científicos comienzan a apoyar los recursos de las organizaciones ambientalistas, con lo que ganan credibilidad.
El proceso de Las Navas del Marqués, en el que declararon como imputados 14 técnicos, hizo que muchos funcionarios empezaran a extremar el rigor en sus informes. Con frecuencia, la Administración consideró los trámites ambientales como algo superfluo y los eludió de forma burda, lo que ha permitido la proliferación de sentencias contrarias. En muchos casos la causa ambiental es la única forma de parar un proyecto sobre el que sobrevuela la sospecha de la corrupción. Los tribunales son cada vez más proclives a frenar obras de forma cautelar, sin esperar al procedimiento.

Fuente: El Pais, 6 de marzo de 2009.