Las entrañas de la Cordillera Cantábrica

 El 22 de abril es el Día de la Tierra que mejor razón para mostraros el destrozo que sufre nuestra Cordillera Cantábrica.
Este material visual fue cedido por la Plataforma FILÓN VERDE, os recomiendo entrar en su web y divulgar su labor.
 El Valle cantábrico de Laciana equivale al término de Villablino (León).
Se localiza en la cuenca alta del río Sil, aguas arriba de la fosa tectónica del Bierzo.
Todo el territorio, de perfil muy accidentado, se encuentra entre los 1.000 y los 2.188 m de altitud.

La excepcional calidad paisajística y biológica del término municipal en su integridad, le ha valido, entre otras, las declaraciones de:
– Zona L.I.C. (Lugar de Interés Comunitario) Red Europea Natura 2000
– Zona Z.E.P.A. (Zona de Especial Protección de Aves)
– Reserva Mundial de la Biosfera
– Área de Especial Protección del Oso Pardo
– Área de Conservación del Urogallo Cantábrico
 

 

 

 

Explotaciones a cielo abierto:
En color rojo: Áreas arrasadas hasta el momento
En amarillo: Áreas que la Junta de Castilla y León considera en el Plan Regional de Explotaciones a cielo abierto para el periodo 2009-2020.

 
 
Explotación ya “restaurada” de Cerredo (Asturias) vecina a las explotaciones leonesas del municipio de Villablino (Valle de Laciana).

 

 

Las explotaciones se suceden en lo alto de las montañas, entre valles contiguos y en la inmediatez de los pueblos que se ven privados de pastos, bosque, fuentes y regueras.

 

 
Explotación Fonfría (Villablino, León)
Todas las explotaciones en el valle de Laciana se llevan a cabo entre las cotas de los 1.300 y 1.600 metros, utilizando vaguadas naturales para verter el escombro siempre que es posible (Mountain Top Valley Fills).
La supuesta restauración se ejecuta sin recuperar los perfiles originales y sin cumplir la normativa vigente en cuanto a longitud y pendiente de taludes (>50%), bermas, etc..
Entre los escombros permanecen los aceites degradados que utiliza la maquinaria pesada, todos los residuos de las voladuras, las grasas, neumáticos y diversos tipos de materiales tóxicos.

 

 

Las siguientes fotografías se corresponden con el área encuadrada en color rojo.
La carretera que discurre por la base de la escombrera es la C-631, de Ponferrada a La Espina, a la altura del km. 68.

 

 

 

Las fuentes y arroyos han desaparecido pero las escorrentías tóxicas bajan a incorporarse a los arroyos de los pueblos y, finalmente al río Sil.

 

 Relleno con escombros en una vaguada natural tras haber eliminado un robledal en plena zona osera.
 

 

La vaguada donde ahora se acumula el escombro es producto de un corrimiento del terreno en épocas lejanas. La inestabilidad permanece. El rectángulo rojo inferior muestra uno de los frecuentes parches con los que se repara el pavimento que cede en diversos lugares de este tramo. El área del rectángulo rojo superior se vé ampliada en la fotografía siguiente.

 

 

Con muros colosales como el de la fotografía se pretende retener la posible avañancha sin éxito, como evidencia la siguiente fotografía.

 

 

 

Desde la construcción de la escombrera vienen apareciendo en la base de la vaguada zanjas de cientos de metros de longitud y profundidad no determinada. La empresa minera trata de ocultarlas extendiendo escombro fino entre el robledal.

 

 Explotación Robledo (municipio de Villablino), evidencia de la “restauración” diez años después..
 

 

 
La más conocida de las explotaciones del municipio de Villablino es la de El Feixolín (fotografías siguientes), ejecutada sin ningún tipo de licencia y burlando sucesivas sentencias judiciales de paralización.

 

 

En primer término, la explotación Feixolín. En la siguiente montaña, la explotación Fonfría en sus “inicios”.

 

 

Una vez acumulado el escombro en la vaguada natural (derecha de la imagen) y faltando material para reconstruir el perfil del monte, la empresa abandona el lugar en este estado y trata de “vender” el farallón resultante como un “aula geológica” capaz de atraer el turismo rural.

 

 

La superficie “restaurada” hace seis años muestra este aspecto.

 

 

Terrenos supuestamente recuperados. La vaca, empleada como un maniquí, sólo está al servicio de la foto publicitaria. Detrás podeís apreciar de izquierda a derecha las minas ilegales de Feixolín, de Fonfría y de Leitariegos más al fondo. Todos estos terrenos se sitúan en el corazón de la Cordillera Cantábrica y ocupan un hábitat esencial para especies tan amenazadas como el Oso pardo o el Urogallo Cantábrico.

 

 

Explotaciones en La Vega de la Mora. La empresa MSP (Coto Minero Cantábrico) se comprometió a ejecutar la nueva explotación “Nueva Julia” restaurando simultáneamente los antiguos destrozos visibles en la fotografía. Una voz más, nada de lo acordado fue realidad. Ni se restauró la nueva explotación ni la antigua.

 

 

 

La explotación a cielo abierto en el valle leonés de Laciana, altamente subvencionada, trajo consigo el cierre de las minas subterráneas, originando una merma rápida e imparable de población y el menoscabo y desprestigio de los excepcionales valores ambientales que constituyen el mayor capital y acaso la única posibilidad de actividad económica futura.
 
El sistema de minería a cielo abierto que se lleva a cabo en el Valle de Laciana es lo que la comunidad científica internacional denomina como Mountaintop Mining Valley Fills (Minería en lo alto de la montaña y relleno de las vaguadas). Los daños medio ambientales causados por esta actividad no tienen vuelta atrás y son seria amenaza para la salud humana.

Si alguno cree que esta destrucción es un impacto visual y paisajístico que no va más allá del Valle de Laciana, está muy equivocado. Le recomiendo que le eche un ojo al blog de la Plataforma  para la defensa del río Ibias.  Allí podreís descargaros el documental Río Ibias, río Negro que dura unos 15 minutos.

Para finalizar la entrada, os recomiendo la visualización del Documental: Laciana, Territorio Comanche del Escarabajo Verde de la 2 y que dura 24 minutos. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/el-escarabajo-verde-laciana-territorio-comanche/533831/

Gracias a los compañeros de Filón Verde!
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Rebelión contra el "desastre ambiental" en Castilla y León

Nunca había ocurrido en la España de las autonomías. Un total de once ONG han pedido al Gobierno que retire las competencias en materia ambiental a la Junta de Castilla y León, del PP, porque creen que ha sobrepasado el límite de lo permisible: envenenamiento masivo de fauna, explotación urbanística de ecosistemas protegidos, reiterados incumplimientos judiciales… La lista de agravios a la naturaleza es larga y muy grave. Y ante ella y la consiguiente denuncia de las organizaciones, la Junta no quiere hacer comentarios a este periódico.
La Constitución prevé garantías excepcionales para el caso de que una comunidad autónoma no cumpliera sus obligaciones de protección de medio ambiente. Se requiere, en todo caso, la aprobación por mayoría absoluta del Senado para poder retirar las competencias. Pero para los denunciantes, la última demostración de los desmanes de la Junta ha sido la aparición, en abril, de un nuevo cadáver de un oso en el Parque Natural de Fuentes Carrionas, en Palencia.

“Es el decimotercero en diez años”, explica Roberto Hartasánchez, presidente del FAPAS (Fondo para la protección de animales salvajes), quien califica a Castilla y León de “sumidero para los osos”. A pesar de que es Asturias la comunidad con mayor presencia de este plantígrado, Castilla y León se anota diez de las trece muertes ocurridas desde 2000.

El uso de lazos, aprobado en plena zona osera, es ilegal en España y la UE
José Ángel Arranz
La última prueba de la polémica gestión de la Junta es el documento interno que acaba de salir a la luz, firmado por el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, en el que se autoriza el uso de lazos en plena zona osera durante todo 2008. Es un sistema prohibido tanto por la legislación europea como por la española y que “puede resultar mortal para el oso”, puntualiza Hartasánchez, quien sospecha “que ese permiso se haya dado para otras zonas oseras. Todos tenemos presente la búsqueda del oso que arrastró un lazo durante el verano pasado en Páramo del Sil. Siempre pensamos que era un lazo furtivo, pero ahora tenemos dudas”, sentencia.



Más trampas: No es la primera vez que Castilla León autoriza lazos para cazar. Ya existe una sentencia condenatoria de los tribunales europeos por la utilización de trampas en zona de nutria en 2006, en Ávila y Salamanca.

Parte de la Dirección General de Medio Natural está imputada
Un portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica considera “escandaloso” que parte de la cúpula de la Dirección General de Medio Natural esté imputada por delitos contra el medio ambiente. El actual director, José Ángel Arranz, lo está por la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués.

Mariano Torre (foto:www.AltoEsla.com)


Pero las imputaciones por el mismo caso alcanzan también a su predecesor en el cargo, Mariano Torre, quien a pesar de ello ha sido promovido ahora a máximo responsable de medio ambiente en León.


José Luis Blanco



La cadena no termina aquí, pues Torre sustituye en León a otro imputado más, José Luis Blanco, acusado de prevaricación por el incumplimiento del cierre de la mina Feixolín. “¿Es que es indispensable estar imputado para ejercer un cargo de medio natural en Castilla León?”, se pregunta el portavoz.

Francisco Jambrina

Recientemente, el ex consejero de Medio Ambiente (1991-1999) Francisco Jambrina, ha sido denunciado por el Seprona tras ser sorprendido con una rapaz protegida que había caído en un cepo ilegal en su coto de caza.
Para todas las asociaciones, sin embargo, la principal responsable es la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, la única que, no obstante, ha salido indemne de las imputaciones judiciales.
María Jesús Ruiz

“Tiene una política basada en la explotación de los recursos naturales para favorecer a los grandes intereses y no a los ciudadanos”
afirma Javier Escudero, de Ecologistas en Acción. Escudero recuerda la Ciudad del Medioambiente de Soria, aprobada por ley, y lo describe como “un proyecto especulativo de nombre engañoso para urbanizar un soto protegido por la Unión Europea”.
A su juicio, este precedente está dando alas a la Junta para repetir un esquema similar en San Glorio y construir una macroestación de esquí en una zona también protegida por sus valores naturales.

«Tras el estudio de los topillos nos llamaron mentirosos»
Una de las bestias negras de la Junta se llama Javier Viñuela, el científico que sacó a la luz los datos del envenenamiento masivo de los topillos y sus nefastas consecuencias para el resto de la fauna. El doctor Viñuela, director del IREC, un centro del CSIC, y coautor del último estudio sobre el tema publicado en la revista Enviromental Conservation, acaba de crear la web verdadesdelostopillos.com, en la que se recoge la información científica y se rebate las acusaciones de la Junta.



Cuando publicamos el estudio nos llamaron mentirosos y delincuentes, esgrimiendo un supuesto informe en el que se dice que el veneno es inofensivo. Pero casi dos años después nadie ha visto ese informe en papel oficial alguno. En Castilla y León impera el miedo, y los que hablan no se atreven a dar su nombre”, asegura el investigador. En la web desvela estudios inéditos de la Universidad de Valladolid pagados por la Junta y luego censurados por ella, explica.
Desde la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica también se llama la atención sobre los efectos nocivos de la gestión de la Junta en la crisis de los topillos. “Este año se está detectando un repunte brutal de los venenos en los cotos de caza. Si la Junta inundó de veneno 400.000 hectáreas, ¿por qué no lo van a hacer los titulares de los cotos? La impunidad está garantizada”, señalan.

Cinco agresiones contra el medio ambiente

Los topillos
La Junta llevó a cabo tres campañas de envenenamiento entre 2006 y 2007 para atajar la plaga de topillos. Un estudio del CSIC revela que, además de los topillos, se vieron afectadas numerosas especies. Los autores encontraron clorofacinona en el 98% de las palomas analizadas. El veneno se usó en cinco zonas de especial protección para las aves.



Los parques eólicos
La Junta ha reducido los filtros ambientales para permitir la instalación de más de 300 aerogeneradores en Omaña (León), uno de los últimos reductos del urogallo. Un juez paralizó hace un año la construcción del primero de los 17 parques previstos advirtiendo de que no se pueden fragmentar los proyectos para enmascarar su impacto.



La mina Feixolín
Más de 10 años de sentencias firmes de cierre de la explotación de Villablino (León) se han estrellado contra los oídos sordos de la administración autonómica, que sigue permitiendo la actividad ilegal de la mina. El ex jefe del servicio territorial de Medio Ambiente en León, José Luis Blanco, está imputado por un presunto delito de prevaricación.


La Ciudad del Golf
Una sociedad creada en 2000 por la Junta compró en Las Navas del Marqués un pinar protegido. El objeto declarado de esa sociedad era la conservación de los montes. Sin embargo el pinar fue recalificado y vendido para la construcción de 1.600 chalets y un campo de golf. Por estos hechos está imputado el director de Medio Natural, José Ángel Arranz.

Esquí en San Glorio
A pesar del empeño de la Junta, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dejado claro, por tres veces, que no puede construirse una estación de esquí en el puerto de San Glorio, entre León y Cantabria. Las leyes europeas, nacionales e incluso autonómicas protegen el enclave por sus valores naturales y la presencia de oso.


«El Gobierno no puede seguir inhibiéndose»

WWF se ha sumado a las críticas del resto de ONG. “La actuación de la Junta denota falta de interés por la conservación”, señala un portavoz. “El Gobierno no puede seguir inhibiéndose. La función de la Administración central es garantizar el cumplimiento de la leyes básicas”, añade.
Las ONG firmantes que piden al Gobierno central que recupere las competencias de la Junta en medio ambiente y denuncian la explotación del ecosistema
son:

Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, FAPAS, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, Asociación de Naturalistas Palentinos, Federación de Ecologistas en Acción-Castilla y León, Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, Plataforma Filón Verde, Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza (URZ), Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y Asociación Ecologista La Braña.

Los ecologistas batallan con profesionalidad en los tribunales

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/justicia/empieza/asumir/verde/elpepisoc/20090306elpepisoc_1/Tes

LA JUSTICIA EMPIEZA A ASUMIR EL VERDE

Grandes proyectos de obra son paralizados por su impacto ambiental – La Administración descubre la dureza de las leyes – Los ecologistas batallan con profesionalidad en los tribunales
Los jueces están perdiendo el miedo a paralizar grandes obras, a menudo públicas, para salvar un árbol o un animal protegido. Hay casos extremos, como el que protagonizó el miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al suspender de forma indefinida las obras del puerto de Granadilla (en Tenerife, más de 300 millones de inversión prevista) para preservar una alga protegida.
“Teníamos las leyes y ahora tenemos sentencias”, dice Antonio Vercher Los Ejecutivos eran laxos al aplicar las normas medioambientales En los últimos años se han implicado universidades e investigadores Mario Gómez: “Hay técnicos que no han defendido el entorno y tienen problemas”
“Ya no aprobamos nada en lo que haya dudas”, dicen los técnicos de Ávila

Se han parado obras por cigüeñas en Las Navas y por osos en San Glorio
Medio Ambiente ha desistido de expropiar el hotel del Algarrobico Fertiberia sigue funcionando pese a la orden en contra de Costas Pero hay muchos más. El oso pardo paró la estación de esquí de San Glorio; el hotel del Algarrobico es ilegal y el juez considera que la Junta manipuló los planos de un parque natural para permitirlo; uno de los mayores proyectos eólicos fue anulado por estar en zona de urogallo; la cigüeña negra impidió la urbanización en Las Navas del Marqués, y un ex consejero de Murcia fue detenido el miércoles por la recalificación de una zona con águila perdicera y tortuga mora. David vence cada vez más a Goliat.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, considera que algo se mueve: “Claro que hay un cambio. Teníamos las leyes y ahora cada vez más tenemos las sentencias”. En 2006, las fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo lograron 295 condenas; en 2007 la cifra fue de 407 y la cifra siguió previsiblemente subiendo en 2008. Jaime Doreste, coordinador del área legal de Ecologistas en Acción, coincide: “Antes salíamos a hombros si ganábamos un pleito, ahora nos toman más en serio y ya no es tan raro”.
Hay varios factores que explican este cambio de tendencia. Y el caso canario reúne varios de ellos. El tribunal estimó la petición de los ecologistas de Ben Magec, que denunciaron que la Consejería de Medio Ambiente vulneró su propio decreto al descatalogar una pradera submarina frente el puerto. Dicho decreto, de 2001, exige razones científicas para descatalogar cualquier especie protegida. Pero la desprotección se hizo sólo para poder construir el puerto de contenedores, con el que Canarias quería convertirse en puente entre Europa, África y América.
El caso es el típico en el que una Administración se pilla los dedos con su propia ley. Alguien en Medio Ambiente elabora una norma estricta y nadie prevé las consecuencias. Puede que incluso la declaración del espacio protegido le sirva a esa misma Administración para ponerse medallas sobre su apuesta por el medio ambiente. Años después esa norma es incompatible con algún proyecto de la comunidad.
El catedrático de Derecho Administrativo de León Carlos González Antón explica que es un caso frecuente: “Se declaran Zonas de Protección para las Aves y Lugares de Interés Comunitario y creen que eso sólo sirve para ponerlo en un mapa. Se enorgullecen de la cantidad de espacios protegidos que tienen y luego intentan saltárselo”. La Junta de Castilla y León ha copiado una estrategia que ya siguieron Murcia o Baleares y ha comenzado a aprobar por ley sus grandes proyectos. Así consigue que sólo el Constitucional los pueda anular.
La alegría de los ecologistas con el auto que paraliza Granadilla es total, entre otras cosas porque no les han pedido fianza. La Autoridad Portuaria (Canarias y Gobierno central) pidió que los ecologistas avalasen su petición con 31,873 millones de euros por los daños que podía causar la paralización. El tribunal admite que al parar la obra -que ya estaba en marcha- puede ocasionar graves perjuicios, pero que ese daño “no puede prevalecer sobre el riesgo de daños al medio ambiente”. Doreste es coordinador del área legal de Ecologistas en Acción en la que colaboran unos 50 abogados. Consiguió una sentencia en la que se declaraba ilegal la duplicación de una carretera de la Comunidad de Madrid por hacerse sin declaración de impacto ambiental. Pero cuando llegó el fallo ya era tarde. La Justicia había exigido a Ecologistas en Acción una fianza de 497.367 euros que no pudieron reunir y Madrid construyó la carretera.
Los ecologistas actúan de forma cada vez más profesional y ganan más casos. “En mi clase hace años simulaba un pleito en el que defendía el impacto de una obra sobre el milano real. Llevaba allí a un juez de verdad y un día se empezó a reír. Hoy ya no pasaría”, resume González Antón.
En junio pasado, la Sociedad Española de Ornitología recurrió un parque eólico en una zona protegida de urogallos en León. Presentó informes técnicos en los que se suele incluir los censos de la especie y los nidos localizados por GPS. El juez accedió a paralizar las obras. “La urgencia requerida parece de una claridad meridiana”, señaló sobre el perjuicio a esta especie en peligro.
Doreste señala que en los últimos años han conseguido la implicación de universidades e investigadores. “En teoría estaban por la conservación, pero en la práctica se mojaban poco. Ahora cada vez apoyan más los recursos ecologistas”.
Así ocurrió en el caso del alga de Granadilla, la seba, por la que científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC han pedido al Ministerio de Fomento que paralice la obra. El auto del tribunal canario que deja en suspenso la obra admite que las dos partes -ecologistas y Administración- presentaron “sólidos argumentos”.
En el recurso contra la estación de esquí de San Glorio (en la Cordillera Cantábrica, en una zona en la que vive una de las dos únicas poblaciones de oso pardo autóctono) los ecologistas incluyeron informes de la Universidad de León o del CSIC.
El tribunal les dio crédito y, en abril pasado, admitió que, como señalan los informes científicos, “es muy dudosa la viabilidad económica” de la estación “por el cambio climático”. De nuevo, el tribunal consideró que la Junta de Castilla y León había aprobado la estación en contra de su propia normativa.
Muchos de los abogados de los ecologistas trabajan en su despacho de día y sacan tiempo para llevar gratis asuntos de medio ambiente. Algunos salen al campo por afición y quieren preservar los lugares que aman. Es el caso de Mario Gómez, un letrado que ha llevado el caso del refugio de cigüeñas de Las Navas del Marqués (Ávila). El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la urbanización, entre otras cosas, porque invadía una zona de cría de la cigüeña negra, una especie en peligro de extinción.
Gómez, que representa a la asociación Centaurea, participa en el proceso penal para ver si hubo prevaricación en la aprobación de los 1.600 chalés y los hoteles y el campo de golf a costa de talar 34.500 pinos maduros. En el procedimiento está imputado el ex director general de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, entre otros altos cargos, y, lo más relevante, 14 técnicos que en algún momento avalaron con su firma el proyecto. Alguno de ellos lo hizo contradiciendo sus informes previos. En la investigación de la recalificación de La Zerrichera (Murcia), un paraje de 253 hectáreas, en parte protegido, hay imputados dos cargos intermedios que colaboraron en la autorización de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf. José María Ródenas, subdirector de Vivienda y Urbanismo, firmó en junio de 2005 contra la recalificación pero meses más tarde la apoyó. El último imputado en la causa (hay diez cargos en ella) fue el ex consejero de Medio Ambiente y ex delegado del Gobierno del PP en Murcia, Francisco Marqués.
En Palencia, un tribunal investiga la manipulación de un informe de la Universidad de Valladolid para construir dos presas de riego. Los informes originales, encargados por la empresa pública Tragsatec, alertaban de que tendrían impacto en el ecosistema pero los que aparecieron en el expediente, pese a ser idénticos, ofrecían conclusiones distintas.
La Asociación Ríos con Vida lo denunció al juzgado y el pasado 12 de febrero uno de los autores del informe declaró ante el juez que, en efecto, su estudio ofrecía conclusiones distintas sobre el “efecto barrera para la emigración de las truchas”. En el original ponía que el impacto sería “severo y permanente”. En el que selló la Junta de Castilla y León y que sirvió para autorizar las presas figura como moderado.
A raíz del caso de Las Navas del Marqués, algunos funcionarios se cuidan a la hora de firmar determinados dictámenes. “Ya no aprobamos nada en lo que haya dudas. Todo el mundo lleva mucho cuidado”, explica un miembro de la comisión de prevención ambiental de Ávila. En la planta submarina canaria, los técnicos de Medio Ambiente José Martín Esquivel y Leopoldo Moro Abad no avalaron la decisión de sus superiores de desproteger el sebadal frente al puerto. Ellos defendieron que hacerlo no obedecía a “razones biológicas ni de conservación de la especie”. Su informe ha sido clave en la paralización de la obra. Esto demuestra que los técnicos empiezan a comparecer ante la justicia por sus dictámenes y, por otra parte, que la Administración a menudo consideró estos temas como obstáculos menores, en los que bastaba con alterar un plano o emitir un dictamen para eludir la normativa ambiental.
El hotel del Algarrobico, en Carboneras (Almería) era legal a los ojos de la Junta de Andalucía del PSOE. Y lo era pese a estar en un terreno protegido en un parque natural y a sólo 20 metros del mar. Que estaba en el parque natural, el del Cabo de Gata, se veía al pasar por allí, ya que una señal lo explicaba. Y así constaba en el Boletín Oficial que delimitó los usos del parque.
Sin embargo, la Junta sostuvo durante años que el terreno era urbanizable. El 11 de marzo de 2008, en un escrito al juzgado, el jefe de gabinete de planificación de la Junta, Antonio Garzás, explicó que la calificación como zona no urbanizable originalmente fue “un error” y que lo rectificaron “por vía de hecho”, cambiando los planos pero sin publicarlo en ningún boletín oficial. El juez que ilegalizó el hotel consideró que esa “burda maniobra” dio “apariencia de legalidad a lo que es manifiestamente ilegal”. La fiscalía se ha visto obligada a investigar la modificación de los planos después de archivar una denuncia similar.
Los casos son tan flagrantes que demuestran la impunidad con la que durante años se ha retorcido la legislación ambiental. El presunto cabecilla de la trama corrupta que ha investigado el juez Baltasar Garzón, Francisco Correa, declara en una de las grabaciones aportadas al sumario, al hablar de un plan urbanístico: “Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo”. Esa frase resume el sentir de muchos de los promotores, que siempre prefirieron los enclaves protegidos.
Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y experto en corrupción, afirma que es pronto para ser rotundo, pero que comienza a percibir “cierto hartazgo profesional” contra estas prácticas.
Por eso Gómez, el abogado de Las Navas del Marqués, reduce el optimismo: “Tenemos leyes de medio ambiente muy estrictas y amplias. La inmensa mayoría son directivas europeas, que a veces son muy avanzadas. Los jueces han tardado años en aplicarlas y ahora que empiezan a hacerlo a veces chirría al encontrarse con una sociedad que no siempre está en esa sintonía”.
Además, sobre muchos de estos proyectos paralizados por el impacto ambiental, sobrevuela la sombra de una corrupción más profunda: “A veces sólo llegamos a ver el fallo en el trámite ambiental, que ha dejado rastro, pero te queda un halo de sospecha, debido al dinero que se mueve en estas obras”, resume Gómez.
La Reina visitó el paraje protegido de Las Médulas, en León. Allí contempló con sorpresa cómo una enorme cantera destacaba el paisaje. Era el 16 de septiembre de 1999. “Los romanos hicieron estas canteras [el paraje es resultado de las explotaciones de oro romanas] y estas son las que hacemos ahora”, le explicó, azorado, un funcionario que la acompañaba en la visita. La cantera es propiedad de la empresa Catisa, y el pasado 27 de febrero, el juzgado aceptó la petición de la fiscalía de paralizar cautelarmente la obra por su impacto sobre el medio ambiente. Han pasado casi 10 años de la visita de la Reina y la empresa sigue funcionando pese al veto judicial. Igual que la empresa de Huelva Fertiberia sigue activa pese a tener una orden de Costas que insta a su paralización.
La siguiente asignatura de estos abogados es hacer cumplir las sentencias en toda su dureza, ya que la ejecución se puede demorar durante años. El Ministerio de Medio Ambiente ha desistido de la expropiación del Algarrobico con el argumento de que el abogado del Estado así se lo aconsejó en noviembre pasado. Sin embargo, el ministerio contestó al diputado de ICV, Joan Herrera, el pasado 2 de febrero que la expropiación “se seguía tramitando”. Declarar ilegal las obras ha sido un paso complicado; tirarlas será uno de gigante.
Claves del cambio
Las estrictas directivas europeas sobre el medio ambiente comienzan a calar en la judicatura años después de estar en vigor.
Muchas administraciones aprobaron normas ambientales muy duras que luego no aplican.
La creación de una fiscalía especializada en Medio Ambiente, en 2005, dinamizó la actividad en los juzgados.
Los ecologistas se profesionalizan y llegan a los tribunales con completos informes técnicos sobre el impacto ambiental. La universidad y los científicos comienzan a apoyar los recursos de las organizaciones ambientalistas, con lo que ganan credibilidad.
El proceso de Las Navas del Marqués, en el que declararon como imputados 14 técnicos, hizo que muchos funcionarios empezaran a extremar el rigor en sus informes. Con frecuencia, la Administración consideró los trámites ambientales como algo superfluo y los eludió de forma burda, lo que ha permitido la proliferación de sentencias contrarias. En muchos casos la causa ambiental es la única forma de parar un proyecto sobre el que sobrevuela la sospecha de la corrupción. Los tribunales son cada vez más proclives a frenar obras de forma cautelar, sin esperar al procedimiento.

Fuente: El Pais, 6 de marzo de 2009.